Después de la muerte de Fernando VII (en 1833), los liberales pedían el regreso a un régimen constitucional, que continuase las ideas de la Constitución de Cádiz (1812), que funcionó solo entre 1820 y 1823, año en que se implanto de nuevo el régimen dictatorial del mencionado rey. El Estatuto de 1834 da unas normas, poco democráticas, para fijar el procedimiento de formar y convocar las Cortes. Con estos Estatutos se frustraron las expectativas de una transición hacia la democracia.