Unos días antes de finalizar la Guerra Civil española, se consideró oportuno dictar una Ley, que recogiendo y sistematizando disposiciones anteriores se preparase la gran represión ejercida en la posguerra contra “quienes contribuyeron con actos u omisiones graves a forjar la subversión roja” declarando “fuera de la Ley todos los partidos y agrupaciones políticas y sociales que, desde la convocatoria de las elecciones celebradas en dieciséis de febrero de mil novecientos treinta y seis, han integrado el llamado Frente Popular, así como los partidos y agrupaciones aliados y adheridos a éste por el solo hecho de serlo, las organizaciones separatistas y todas aquellas que se hayan opuesto al triunfo del Movimiento Nacional, así como todas las Logias masónicas.” Los Tribunales, de distintos niveles, encargados de imponer las sanciones se instalaron en toda la geografía española, y estaban compuestos por representantes del Ejército, de la Magistratura y de la Falange Española Tradicionalista y de las J. O. N. S. Las penas consistían en inhabilitación absoluta, o especial en los cargos que tuviese, destierro ; confinamiento, extrañamiento hasta la pérdida de la nacionalidad española ; y sanciones económicas que iban desde la pérdida total de los bienes, incautación de bienes, pago de multas, etc., estas sanciones produjeron fuertes ingresos que se depositaban en una “cuenta especial”.